CUESTION DE ESTADO

Jurado Nacional de Elecciones
Resolución N.° 049 -2012-JNE

Expediente N.° J-2011-00748

Lima, dos de febrero de dos mil doce

VISTO, en audiencia pública de fecha 2 de febrero de 2012, el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por Santiago Mozo Quispe contra la Resolución N.° 0818-A-2011-JNE, de fecha 14 de diciembre de 2011, que declaró fundados los recursos de apelación interpuestos por Venancio Víctor Andrés Álvaro, Walter Quispe Vilcas y Wiston Díaz Cuya contra el Acuerdo de Concejo N.° 044-2011/MVES, del 27 de octubre de 2011, que rechazó la solicitud de vacancia de su cargo de alcalde del Concejo Distrital de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, por la causal establecida en el artículo 22, numeral 6, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

Referencia sumaria de la resolución de segunda instancia

Mediante la Resolución N.° 0818-A-2011-JNE, de fecha 14 de diciembre de 2011, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró fundados los recursos de apelación contra el Acuerdo de Concejo N.° 044-2011/MVES, del 27 de octubre de 2011, que rechazó la solicitud de vacancia del cargo de alcalde del Concejo Distrital de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, por la causal establecida en el artículo 22, numeral 6, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM).

Argumentos del recurso extraordinario

El 2 de enero de 2012 Santiago Mozo Quispe interpuso recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva sobre la base de los siguientes argumentos:

a. Se vulnera lo dispuesto en los artículos 139, inciso 2, de la Constitución Política del Perú y 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto se ha modificado y calificado el contenido y fundamentos de las resoluciones emitidas por el Segundo Juzgado Penal Supranacional y la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la República, restringiendo e interpretando los alcances de estas, al consignar en el considerando 6 que el recurrente ha quedado rehabilitado el 25 de agosto de 2011 y no el 6 de diciembre de 2010, tal como lo declaró el Poder Judicial.

b. Se debe aplicar a su caso el criterio expuesto en la Resolución N.° 733-2011-JNE, que declaró improcedente la vacancia del alcalde del Concejo Distrital de La Brea, provincia de Talara, departamento de Piura, aun cuando su rehabilitación se haya declarado, mediante un Hábeas Corpus, el 23 de junio de 2011.

c. No existe congruencia entre el considerando 5 de la resolución apelada y el fundamento del voto de los señores magistrados José Humberto Pereira Rivarola y José Luis Santos Velarde Urdanivia, pues se menciona que es irrelevante que la autoridad se encuentre en capacidad de ejercer su función y concluye que uno de los requisitos para que se dé la vacancia es el ejercicio del cargo.

d. Transgrede el artículo 34 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, ya que al computarse como el inicio del cargo de alcalde el 24 de noviembre de 2010 —fecha de la proclamación—, se extiende a más de cuatro años el periodo del cargo del mencionado funcionario, ya que a este se le está adicionando los seis días restantes del mes de noviembre y todo el mes de diciembre del año 2010.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva la cuestión discutida es la posible violación a los mencionados principios por parte de una decisión del Jurado Nacional de Elecciones, en este caso, la Resolución N.° 0818-A-2011.

CONSIDERANDOS

La condena a pena privativa de la libertad como impedimento para postular a cargo de elección popular

1. Antes de ingresar al análisis del recurso extraordinario interpuesto, no debe dejar de resaltarse que, según el artículo 33 de la Constitución Política del Perú, el ejercicio de la ciudadanía se suspende por sentencia con pena privativa de la libertad. De ello se deduce, claramente, la imposibilidad de postular a un cargo público representativo por quien pesa sobre sí una pena privativa de la libertad. Ello tiene su correlato en el artículo 23 de la Ley N.° 28094, Ley de Partidos Políticos, y en las propias normas reglamentarias emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones para regular dicha etapa del proceso electoral (Resolución N.° 247-2010-JNE, Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2010).

2. Por ello, resulta del todo contrario al ordenamiento jurídico pretender la inscripción como candidato de quien no cumple los requisitos normativamente establecidos. Incluso podría señalarse, sin ninguna duda, que resulta un deber de los órganos encargados de administrar justicia electoral, como los Jurados Electorales Especiales y, en última instancia, el propio Jurado Nacional de Elecciones, impedir que personas que no reúnen los requisitos para postular puedan asumir el cargo indebidamente obtenido, en aras de preservar la imagen de idoneidad de los funcionarios, lo cual solo se logra excluyendo del seno del servicio público a aquellos que han cometido una de las más graves afectaciones al sistema social y llevan sobre sí la carga de una condena penal. Este criterio busca optimizar el adecuado ejercicio de la función de representación en armonía con las competencias asignadas constitucionalmente y la moral pública vigente en nuestra sociedad.

Los alcances del recurso extraordinario como mecanismo de impugnación de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones

3. De otro lado, debe señalarse que el recurso extraordinario constituye un medio impugnatorio ad hoc para el cuestionamiento de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Su excepcionalidad radica en que la propia Constitución (artículo 181) ha señalado que las resoluciones del Supremo Tribunal Electoral son inimpugnables. De allí que, mediante Resolución N.° 306-2005-JNE, se haya instituido el recurso extraordinario, limitándolo únicamente al análisis de la probable afectación a las garantías que conforman el debido proceso y la tutela procesal efectiva, todo ello en beneficio de una decisión más justa adoptada como consecuencia del estricto respeto de los derechos procesales de las partes intervinientes.

4. Ello también conlleva afirmar que el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva no puede constituirse en una instancia o etapa adicional de discusión del fondo de la cuestión controvertida ya resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones. Al ser un mecanismo de revisión excepcional, tampoco está permitido un reexamen de los medios probatorios ni la valoración de nuevas pruebas, sino que deben identificarse las deficiencias procesales que hubieran podido darse en las causas sometidas a la jurisdicción electoral. Así, únicamente serán materia de pronunciamiento por parte de este órgano colegiado aquellos argumentos que suponen la vulneración de los derechos procesales protegidos por el referido recurso.

Análisis de las vulneraciones al debido proceso alegadas por el recurrente

5. El recurrente señala que la Resolución N.° 0818-A-2011-JNE, del 14 de diciembre de 2011, habría modificado los alcances de la decisión del Segundo Juzgado Penal Supranacional y de la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema, por consignar que la rehabilitación del recurrente condenado se produjo el 25 de agosto de 2011.

Tal argumento no es de recibo por este Supremo Tribunal Electoral, por cuanto no ha existido interpretación restrictiva alguna de los alcances de la sentencia, ni una limitación de sus efectos, en tanto no constituye órgano jurisdiccional penal encargado de ejecutar lo dispuesto por la máxima instancia penal del país. Antes bien, se ha realizado un análisis de los hechos, a efectos de adoptar una decisión con criterio de conciencia, tal como se lo permite el artículo 181 de la Constitución.

6. Ello se ve corroborado en que la propia sentencia de la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la República omite establecer expresamente desde qué momento debe considerarse rehabilitado el recurrente; por ello mismo, este caso guarda diferencias con el que subyace a la Resolución N.° 733-2011-JNE (Exp. N.° J-2011-0669), al que hace referencia el recurrente como si se tratara de un precedente no seguido, en el que se aprecia que es la Sala de Apelaciones de Piura la que establece la fecha en que la rehabilitación se produjo, sin que ello pueda ser desconocido por este Supremo Tribunal Electoral.

7. Finalmente, también alega el recurrente que existe una contradicción formal entre el considerando 5 de la resolución con el voto de los señores magistrados José Humberto Pereira Rivarola y José Luis Santos Velarde Urdanivia, en la medida en que no habría congruencia entre señalar que la vacancia se produce cuando se configura una de las causales señaladas en la ley durante el ejercicio del cargo de alcalde o regidor y, al mismo tiempo, afirmar que esto último resulta irrelevante.

8. Al respecto, debe señalarse que los considerandos de la Resolución N.° 0818-A-2011-JNE expresan los criterios aceptados por todos los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que conocieron la causa. Es lógico que no exista un total acuerdo en las razones de los votos emitidos por cada magistrado, aunque sí en el sentido de la votación, razón por la cual se prevé la posibilidad de que puedan expresarlas de manera independiente a la redacción del conjunto del fallo. Ello es consecuencia del imperativo, y a la vez prerrogativa, de analizar con criterio de conciencia de quienes integran este Supremo Tribunal Electoral, por lo que no hay vulneración alguna al debido proceso o la tutela procesal efectiva.

CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, este órgano colegiado concluye que con la emisión de la Resolución N.° 0818-A-2011-JNE no se ha vulnerado el debido proceso, y por ende, se debe desestimar el recurso extraordinario interpuesto.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo único.- Declarar INFUNDADO el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por Santiago Mozo Quispe interpuesto contra la Resolución N.° 0818-A-2011-JNE, del 14 de diciembre de 2011.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

DE BRACAMONTE MEZA

VELARDE URDANIVIA

Bravo Basaldúa
Secretario General
fvp

FUNDAMENTO DEL VOTO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS HUGO SIVINA HURTADO Y MODESTO OLEGARIO DE BRACAMONTE MEZA, MIEMBROS TITULARES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

CONSIDERANDOS

1. Según la sentencia, de fecha 25 de agosto de 2008, expedida por el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, Santiago Mozo Quispe aceptó ser responsable del delito de defraudación tributaria en agravio de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), al haber utilizado doble juego de guías de remisión con la finalidad de influir en la determinación del Impuesto General a las Ventas, y en una menor renta imponible, del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 1999 y de los meses de enero y febrero de 2000, lo que ocasionó un perjuicio fiscal ascendente a la suma de doscientos setenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho y 00/1000 nuevos soles (S/. 273 668,00) —Vistos y considerandos primero y segundo—.

En ese contexto, el recurrente fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el término de dos años de prueba, bajo las siguientes reglas de conducta: a) no variar de domicilio sin autorización del juez; b) comparecer personal y obligatoriamente al juzgado el último día de cada mes para informar y verificar sus actividades; c) no cometer nuevo delito doloso; y d) reparar el daño ocasionado, pagando las obligaciones pecuniarias omitidas ante la Sunat, bajo apercibimiento de imponérsele las medidas indicadas en el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento y la pena accesoria de doscientos días multa. Asimismo, el juzgado dispuso que el monto de la reparación civil sea el íntegro de la deuda tributaria.

2. Posteriormente, por Resolución de fecha 6 de diciembre de 2010, el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial declaró la rehabilitación de Santiago Mozo Quispe, la cual fue apelada por la Sunat en razón de que el inculpado no habría cumplido con la regla de conducta establecida en el literal d) de la Sentencia del 25 de agosto de 2008, esto es, reparar el daño causado por el delito, a través del pago de las obligaciones tributarias omitidas ante la Sunat.

3. No obstante que, mediante la Resolución del 16 de agosto de 2011, la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la apelada, esta se sustentó sobre la base de los siguientes fundamentos:

SEGUNDO: […] se advierte de la revisión de autos que los procesados han consignado parte de la deuda tributaria conforme es de verse del Certificado de Depósito Judicial N° 2006009300015 (por la suma de treinta y dos mil novecientos setenta y ocho con 40/100 dólares americanos); asimismo, a fojas 57 y 58 obra la razón emitida por la Secretaria Magaly Martha Medina Alvarado del Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, por la cual informa que mediante escrito recepcionado con fecha dos de agosto del presente año, se adjuntó el Depósito Judicial N° 201000509632 (por la suma de ciento sesenta y seis mil setecientos once con 40/100 nuevos soles), […].

4. Como es de advertirse, la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la rehabilitación en razón de que fue recién con el último pago, de fecha 2 de agosto de 2011, que Santiago Mozo Quispe completó el íntegro de la deuda tributaria, y con ello el cumplimiento de la regla de conducta impuesta, quedando pendiente aún el pago total de la reparación civil como aparece consignado en el mencionado fallo.

5. Por consiguiente, el criterio expuesto en nuestro fundamento de voto de la Resolución N.° 818-A-2011-JNE, no constituye una variación de lo resuelto por el juez ordinario respecto a la rehabilitación, sino la comprensión integral de los argumentos expuestos y que sustentaron lo resuelto por la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la República y que la dotaron de legitimidad.

6. Finalmente, respecto del fundamento 5 de nuestro fundamento de voto de la resolución recurrida, es menester precisar que la mención al pago de la reparación civil debe entenderse a la reparación del daño ocasionado por el ilícito penal y que constituyó una de las reglas de conducta a la que se encontraba sujeto Santiago Mozo Quispe como consecuencia de la comisión del delito de defraudación tributaria en agravio del Estado.

SS.
SIVINA HURTADO
DE BRACAMONTE MEZA

Bravo Basaldúa
Secretario General
hec/mpl